Con suma indignación procedo a informar a nuestros socios, los graves hechos acontecidos en contra de nuestros intereses por parte de la Municipalidad de Garabito; el pasado el 26 de mayo del año en curso.

Ese día, más de 20 funcionarios de la Municipalidad se presentaron a destruir el control de acceso que regula el tránsito, donde se permite el ingreso únicamente a los que tienen derecho de uso de la servidumbre de paso, incluido por supuesto el de nuestros socios. Primero destruyeron el mecanismo principal; luego, cuando el suscrito solicita la información técnica respecto de los supuestos cálculos realizados para determinar si el soporte que sostiene la aguja en posición cerrada, se encontraba fuera de vía; 3 policías municipales me atacaron violentamente para retirarme del lugar; incluso golpeándome fuertemente por la espalda.

Este ataque contra bienes y mi integridad física, concomitantemente de acciones que restringieron mi libertad personal, constituyen una escalada de agresión por parte de nuestros detractores, que insisten en querer apropiarse del esfuerzo de nuestros socios.

Hemos sido claros, contestes y precisos en demostrar que esa vía se construyó en 1975, con permisos ICT e INVU; mismo el cual no concuerda en nada con la ruta de la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Puntarenas número 291-P-01; que declaró de Naturaleza Pública el camino de 1938, que utilizaron los vecinos para trasladar los productos agrícolas de la zona hacia Puntarenas; siendo que en nada concuerda con la que la Municipalidad de Garabito, ha deseado apropiarse indebidamente desde hace mucho; y que hoy revive gravemente su accionar con el nuevo Alcalde.

Lo más reprochable es que ahora actúa sin siquiera haber realizado proceso alguno, sin notificar nada, sin realizar ninguno de los elementos legales que jurídica y materialmente requiere un acto administrativo válido y eficaz; siendo su actuar una mera conducta material, y al no existir siquiera un expediente administrativo, se trata de una actuación que encaja en una mera vía de hecho; nada en ella cumple con el principio de legalidad, ni mucho menos con el principio del debido proceso; por lo que no debe ser respetada.

Además, fui juzgado, precisamente por responsabilizarme de haber colocado la aguja donde fue destruida (exp: 13-200-380-645-PE Juzgado Penal Garabito); siendo que resulté ser absuelto por el delito de usurpación; de modo que ya existe una sentencia con autoridad de Cosa Juzgada en Sentido Material, por lo que no puedo ser juzgado dos veces por la misma causa.

Por las razones antes apuntadas, hoy asumo con todo derecho, el responsabilizarme nuevamente de restablecer la aguja en la posición en donde se encontraba, restaurando la privacidad avasallada, permitiendo solo el ingreso de los que tienen derecho de uso de la servidumbre. Lamento, que nuestra aguja muestre los efectos del ataque, puesto que quedó literalmente en silla de ruedas; pero si la vuelven a destruir o retirar, procederemos a restituirla una y otra vez.

Hemos llevado el asunto a la Sala Constitucional, donde ya les dieron 3 días a nuestros agresores del ayuntamiento para contestar nuestro reclamo. Además, hemos presentado denuncia penal contra los responsables de ordenar las ilegítimas y reprochables acciones, incluyendo al Procurador Penal de la República, quien impávido gestionó bajo amenaza penal la remoción que no ocupa; y lo hizo a pesar de conocer a la perfección que la Sentencia 291-P-01 de marras, no concuerda en nada con nuestro camino. Además de que el mismo Procurador fue parte en el juzgamiento que me sobreseyó, y sabe de la falta de concordancia del discurrir de esta vía en relación con el de la sentencia. Y peor aún, la Procuraduría y la Municipalidad de Garabito, son demandados nuestros y mantienen una participación muy activa dentro del proceso Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que se tramita bajo el expediente 06-000431-0163, donde se discute desde el año 2006, el discurrir de todo el camino.

Hemos demostrado que toda la construcción de esta obra y la restricción del tránsito que aplicamos son ajustadas a derecho. Costa Rica es un Estado de Derecho y toda la actividad de los funcionarios públicos está regida por el principio de legalidad (artículos 9 y 11 de la Carta Magna); dos principios esenciales se han quebrantado, el principio de legalidad consagrado en los artículos 11 de la citada Carta Magna y también 11 de la Ley General de la Administración Pública; así como el que nos informa respecto de la inviolabilidad de propiedad privada.

Las conductas que nos han aplicado, han generado grave indefensión; y presentan consecuencias administrativas, civiles y penales, que demostraremos en las instancias judiciales incoadas; y fueron realizadas, sin permitirnos ser oídos, sin poder ejercer ningún tipo de defensa, sin comunicación previa y ejerciendo violencia sobre cosas y persona, donde procedieron arbitrariamente a destruir propiedad privada; dañando la imagen del Hotel y Club Punta Leona, S.A. y de nuestros socios; además de que causa un tremendo impacto económico al Hotel. Todo esto, les aseguro que no quedará impune.

Lic. Víctor Hugo Mora Casasola.
Abogado del Hotel y Club Punta Leona, S.A.